Argentina Acelera Privatización de AySA: Dos Consorcios Pujan por el Control de la Gigante del Agua
El gobierno argentino avanza en la privatización de AySA, la mayor empresa de agua y saneamiento del país, con dos consorcios pujando por el 90% de sus acciones. La operación implica un compromiso de inversión superior a los US$2.000 millones en los primeros cinco años y busca solucionar el deterioro del servicio y la dependencia de transferencias del Tesoro. Este movimiento forma parte de la ambiciosa agenda desestatizadora del presidente Milei, que ya ha concretado otras ventas como IMPSA y parte de CITELEC, con el objetivo de recaudar fondos y mejorar la eficiencia de los servicios públicos.
El gobierno argentino ha puesto en marcha uno de los pilares fundamentales de su política económica: la privatización de empresas estatales. En este contexto, la venta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la mayor prestadora de servicios de agua potable y cloacas del país, emerge como una operación de gran envergadura y simbolismo. Dos consorcios compiten activamente por adquirir el 90% de las acciones en manos del Estado, una transacción que implica un compromiso de inversión superior a los US$2.000 millones en los primeros cinco años. Este movimiento no solo busca eficientizar un servicio público vital, sino que también es clave en la estrategia del gobierno para recaudar fondos y reducir la dependencia fiscal.
La Batalla por AySA: Ofertas y Expectativas
El proceso de licitación de AySA ha avanzado con la presentación de ofertas técnicas por parte de dos consorcios robustos. Por un lado, se encuentra Rowing S.A., una alianza integrada por Rowing, Arcos, Transclor y PHX. Por el otro, compite Roggio Roas S.A., que agrupa a Roggio Roas y otros socios estratégicos. Estas propuestas están ahora bajo el escrutinio de la Comisión de Evaluación, que determinará la idoneidad técnica de los oferentes según las estrictas condiciones del pliego.
La porción en juego es sustancial: el 90% del capital accionario de AySA, con el 10% restante destinado a los empleados a través de un Programa de Propiedad Participada. Aunque aún no hay una valuación pública detallada, la operación se perfila como una de las más relevantes para las arcas estatales, proyectándose como una fuente de ingresos significativa para alcanzar la meta de US$1.500 millones en privatizaciones para 2027. Este año, las expectativas de ingresos por desestatizaciones se sitúan en torno a los US$800 millones, impulsadas por la reciente venta de la mitad de Citelec, controlante de la transportadora de energía eléctrica Transener.
Un Servicio Deteriorado y la Promesa de Inversión
La justificación oficial para la privatización radica en el persistente deterioro del servicio de AySA. Según el gobierno, entre 2006 y 2023, la empresa recibió transferencias del Tesoro por más de US$13.400 millones, sin que esto se tradujera en mejoras sustanciales. Datos alarmantes indican que un tercio del área concesionada aún carece de acceso a agua potable y cloacas, las pérdidas de agua no contabilizada alcanzan el 42%, y los costos operativos han experimentado un incremento del 80%. Estos números subrayan la urgencia de una reestructuración que solo el capital privado, con su enfoque en la eficiencia y la inversión, parece capaz de afrontar.
El pliego de licitación no deja margen a dudas respecto a los compromisos del futuro operador. Impone un Plan de Acción 2027-2031 de cumplimiento obligatorio, que exige inversiones por ARS$2,89 billones a valores de diciembre de 2025. Las metas de cobertura son ambiciosas: se busca alcanzar el 75,3% en agua y el 63,9% en cloacas para 2031, con el objetivo de llegar al menos al 90% y 75% respectivamente al término del plazo inicial de 30 años. Durante el primer ciclo tarifario de cinco años, las tarifas se mantendrán constantes en términos reales, garantizando estabilidad para los usuarios mientras se implementan las mejoras. El ente regulador ERAS supervisará anualmente el cumplimiento, y la certificación de inversiones requerirá un auditor independiente, con graves incumplimientos que podrían derivar en multas o la revocación de la concesión.
La Agenda Privatizadora de Milei en Marcha
La privatización de AySA es una pieza clave en la ambiciosa agenda de desestatización impulsada por el presidente Javier Milei, amparada por la Ley Bases de 2024. Esta legislación declaró sujetas a venta a seis empresas públicas, y el gobierno ha avanzado rápidamente en la concreción de varias de estas operaciones.
Precedentemente, se realizaron tres transferencias significativas:
- IMPSA: En febrero de 2025, el Estado nacional y la provincia de Mendoza vendieron cerca del 85% del capital al consorcio IAF, liderado por la estadounidense ARC Energy, en una operación que incluyó una capitalización de US$27 millones y la asunción de una deuda de US$576 millones.
- Hidroeléctricas del Comahue: En diciembre de 2025, se transfirieron los paquetes accionarios de las concesionarias de las cuatro hidroeléctricas del Comahue a empresas como Edison Inversiones, Central Puerto y MSU Green Energy, generando alrededor de US$707 millones.
- CITELEC/Transener: Este año se concretó la venta del 100% de la participación estatal en CITELEC, controlante de Transener, al consorcio de Genneia y Edison Transmisión, por US$356 millones.
La lista de empresas estatales que aún están bajo la lupa para privatización o concesión incluye a ENARSA (Energía Argentina S.A.), Intercargo S.A.U. (servicios aeroportuarios), Belgrano Cargas y Logística S.A. (transporte ferroviario), SOFSE (Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. / Trenes Argentinos) y Corredores Viales S.A. (administradora de rutas y autopistas). La magnitud y velocidad de estas operaciones reflejan la determinación del gobierno de Milei por transformar la matriz económica del país, reducir el gasto público y fomentar la inversión privada en sectores estratégicos.
Desafíos y Perspectivas Futuras
El camino hacia la plena privatización de AySA y otras empresas no está exento de desafíos. La complejidad de los activos, la necesidad de garantizar la calidad del servicio y la presión por cumplir con las metas de inversión requieren una gestión transparente y eficiente. Sin embargo, la entrada de capitales privados y la experiencia de consorcios con trayectoria podrían inyectar la vitalidad necesaria para modernizar la infraestructura de agua y saneamiento, beneficiando a millones de argentinos y contribuyendo a la estabilidad financiera del Estado. La reestructuración de AySA, por su tamaño y alcance social, será un termómetro crucial para medir el éxito de la ambiciosa agenda reformista del actual gobierno.