Argentina: El Rescate de la Construcción, entre el Crédito Hipotecario y la Obra Pública
La construcción en Argentina atraviesa una profunda crisis, con caídas del 25% en la actividad y la pérdida de 120.000 empleos. La Cámara Argentina de la Construcción propone soluciones urgentes, incluyendo la redirección de parte del impuesto a los combustibles y el uso de créditos de organismos multilaterales para la obra pública. Para reactivar el crédito hipotecario, se sugiere movilizar fondos del FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSeS) y el FAL (Fondo de Asistencia Laboral), buscando generar financiamiento a largo plazo sin demandar recursos directos del Estado. La flexibilización del crédito en dólares es vista como un impulso limitado para los desarrolladores, sin resolver la falta de acceso del comprador final. Los inversores deben monitorear la implementación de estas medidas, que podrían revitalizar un sector clave, pero enfrentan desafíos de ejecución y estabilidad macroeconómica.
El sector de la construcción en Argentina, un motor económico históricamente robusto y generador de empleo, atraviesa uno de sus momentos más críticos. Con una contracción de la actividad que superó el 25% y la pérdida de aproximadamente 120.000 puestos de trabajo entre mediados de 2023 y mediados de 2024, la industria se encuentra estancada, clamando por un plan de reactivación que trascienda las medidas coyunturales y apunte a soluciones de largo plazo.
Un Sector Vital al Borde del Abismo
La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), a través de su presidente Gustavo Weiss, ha puesto de manifiesto la urgencia de la situación. La parálisis no solo impacta directamente en miles de familias y empresas del rubro, sino que también frena el desarrollo de infraestructura crucial y la expansión del mercado inmobiliario, elementos esenciales para el crecimiento sostenible de cualquier economía. En un país con una crónica escasez de crédito y una alta volatilidad macroeconómica, la reactivación de la construcción se presenta como un desafío complejo pero ineludible.
El contexto macroeconómico actual, signado por una fuerte política de ajuste fiscal por parte del gobierno, ha exacerbado la contracción de la obra pública, históricamente un pilar del sector. Si bien la administración busca el equilibrio fiscal, la industria insiste en la necesidad de redireccionar recursos específicos y apalancar financiamiento externo para no solo mitigar la crisis sino también sentar las bases para una recuperación robusta a mediano plazo.
Las Propuestas para Oxigenar la Actividad
Desde CAMARCO se delinean dos frentes de acción primordiales: la reactivación de la obra pública y el impulso del crédito hipotecario privado. Para la primera, se propone el uso efectivo de una porción del impuesto a los combustibles, que por ley debería destinarse a obras viales e hídricas y hoy se aplica solo parcialmente. Adicionalmente, se plantea la necesidad de desempolvar contratos paralizados mediante la inyección de créditos blandos y de largo plazo provenientes de organismos multilaterales como el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estos préstamos, aunque constituyen deuda para el Estado, ofrecerían un fondeo esencial y a tasas competitivas para proyectos de infraestructura estratégicos.
El segundo pilar, y quizás el más desafiante en un país con historial inflacionario, es el resurgimiento del crédito hipotecario para el comprador final. La principal barrera radica en la falta de fondeo a largo plazo por parte de las entidades financieras. Para sortearla, Weiss sugiere movilizar fondos existentes en el sistema. Entre las propuestas más destacadas figura la utilización de una porción de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS, valuados en aproximadamente US$75.000 millones, para descontar hipotecas. Asimismo, se propone apalancar el remanente del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que podría generar hasta US$2.000 millones anuales no utilizados en indemnizaciones, para el mismo fin. Ambas alternativas buscan canalizar recursos privados hacia el mercado hipotecario sin exigir una demanda directa al Tesoro, lo que las hace potencialmente viables en un entorno de ajuste fiscal.
El Crédito en Dólares: ¿Un Impulso Limitado?
Recientemente, el equipo económico flexibilizó las normativas para permitir a los bancos otorgar créditos en dólares a empresas que no generan divisas directamente. Si bien esta medida fue recibida con cierto optimismo por su potencial para beneficiar a desarrolladores inmobiliarios, su impacto en el mercado hipotecario para el comprador final es visto con escepticismo. Argentina ostenta uno de los niveles de crédito sobre el Producto Bruto Interno más bajos de América Latina, y el problema central sigue siendo el acceso al financiamiento para la vivienda, no tanto para los proyectos de desarrollo. Un crédito en dólares, aunque útil para las constructoras, no resuelve la ecuación de ingresos y estabilidad para el hipotecado promedio.
Finalmente, el sector también enfrenta desafíos adicionales de índole climática. La posible intensificación del fenómeno El Niño, con mayores precipitaciones, amenaza con prolongar los plazos de ejecución y encarecer obras, particularmente aquellas que dependen de movimientos de suelo al aire libre, añadiendo una capa de incertidumbre a la ya compleja situación.
Qué significa para los inversores
Para los inversores, la situación actual del sector de la construcción en Argentina presenta un panorama de cautela con focos de oportunidad. Aquellos con exposición a empresas constructoras o desarrolladoras deben monitorear de cerca la implementación de las propuestas de CAMARCO. Una decisión favorable sobre el uso de fondos del FGS o FAL para el mercado hipotecario podría desatar un flujo de capital significativo y reactivar la demanda de viviendas, beneficiando a las empresas del rubro inmobiliario y de materiales de construcción.
La reactivación de la obra pública a través de créditos multilaterales también representaría un impulso para las grandes constructoras con capacidad para ejecutar proyectos de infraestructura. Sin embargo, los riesgos son palpables: la voluntad política para implementar estas medidas, la estabilidad macroeconómica, y la capacidad de ejecución efectiva serán cruciales. La baja penetración crediticia sigue siendo un cuello de botella. Los inversores deben evaluar la capacidad de las empresas para adaptarse a un entorno de alta inflación y tasas de interés volátiles, además de la sostenibilidad de cualquier nuevo esquema de financiamiento. La clave estará en la selectividad y el seguimiento riguroso de las políticas gubernamentales y los indicadores de actividad del sector, buscando compañías con balances sólidos y proyectos estratégicos.