El gobierno argentino ha propuesto una modificación a la Ley de Tierras, cediendo de su postura inicial de eliminar todos los límites a la venta de tierras a extranjeros. La nueva propuesta eleva el tope del 15% al 25% de la extensión territorial para la tenencia extranjera, buscando destrabar el debate legislativo en el Senado. Esta concesión responde a un amplio rechazo social y político, incluyendo voces de la Iglesia Católica y la vicepresidenta, y plantea un escenario de mayor certidumbre pero aún con restricciones para los inversores internacionales. El proyecto, que también abarca desalojos y expropiaciones, intenta equilibrar la atracción de capital con la protección de la soberanía nacional.