El Pulso del Crédito Argentino: Entre la Morosidad Creciente y la Batalla por la Información
La morosidad creciente y la baja penetración del crédito en Argentina han llevado a bancos y fintechs a solicitar urgentemente al Banco Central (BCRA) una reforma en el sistema de información crediticia. Mientras el sector fintech aboga por reducir el rezago de 60 días en la Central de Deudores para una evaluación más ágil y un menor costo del crédito, los bancos buscan flexibilizar la clasificación de deudores y homogeneizar criterios para una gestión más preventiva. El BCRA, por su parte, se muestra reticente a medidas que impliquen un alivio de capital a las entidades, insistiendo en su responsabilidad de absorber pérdidas. Expertos proponen una visión más integral, utilizando modelos predictivos y replicando modelos internacionales para detectar y asistir a deudores en riesgo antes de la mora, impulsando así un mercado crediticio más robusto y saludable.
La economía argentina se encuentra en una encrucijada crítica. Con una tasa de morosidad que afecta a casi seis millones de ciudadanos y una penetración del crédito que apenas roza el 13% del Producto Bruto Interno (PBI) –muy por debajo del promedio latinoamericano del 53%–, el país enfrenta un desafío estructural. Esta coyuntura ha propiciado un inusual consenso entre dos actores clave del ecosistema financiero: la banca tradicional y el pujante sector fintech. Ambos, con sus matices y agendas propias, han elevado un pedido urgente al Banco Central de la República Argentina (BCRA): una reforma profunda en el sistema de información crediticia, percibida como la llave para desatascar el mercado de préstamos y mitigar la escalada de endeudamiento.
La Central de Deudores: Un Registro en el Ojo de la Tormenta
El núcleo de este debate gira en torno a la Central de Deudores del Sistema Financiero, una base de datos crítica administrada por el BCRA. Este registro centraliza la información crediticia de individuos y empresas, nutrida por un amplio espectro de entidades que incluye bancos, billeteras virtuales, emisoras de tarjetas de crédito y otros proveedores. La data, que abarca desde créditos personales e hipotecarios hasta saldos de tarjetas, se actualiza mensualmente y clasifica a los deudores en seis categorías según el nivel de atraso. Estas clasificaciones no son meramente informativas; son el termómetro del riesgo, guiando la concesión de nuevos créditos y, crucialmente, disparando previsiones contables obligatorias para las entidades prestamistas, las cuales deben reservar más capital a medida que aumenta la irregularidad del deudor.
El punto de discordia principal es el rezago de 60 días que existe entre el mes de referencia de la información y su disponibilidad real para la industria. Diego Kupferberg, experto en desarrollo de negocios digitales, y Christian Balatti, consultor fintech, coinciden en que este retraso es "muchísimo tiempo" en un entorno financiero que exige agilidad. Esta "foto desactualizada" no solo infla el costo del crédito al incrementar el riesgo percibido, sino que también entorpece la evaluación precisa de los solicitantes y la refinanciación oportuna de deudas, perpetuando el ciclo de sobreendeudamiento.
Propuestas Divergentes en la Mesa del Regulador
Aunque la meta común es mejorar la información, las soluciones planteadas por ambos sectores presentan diferencias significativas:
1. La Demanda Fintech: Agilizar el Flujo de Datos
La Cámara Argentina Fintech, a través de su documento "Argentina necesita más y mejor crédito", ha propuesto una medida concreta: reducir drásticamente el rezago de la Central de Deudores a 30 o incluso 15 días. Su razonamiento es que un acceso más rápido a la información crediticia permitiría:
- Una mejor evaluación individual del riesgo.
- La prevención de la acumulación de deuda.
- La disminución de casos de fraude.
- Una consecuente reducción del costo general del crédito, facilitando una mayor penetración en el mercado.
Kupferberg subraya la viabilidad técnica y el bajo costo de esta propuesta, ya que no implicaría modificar las reglas prudenciales de clasificación de deudores –alineadas a estándares internacionales como Basilea/IFRS 9– sino simplemente optimizar la frecuencia y calidad de los reportes. Se trata, en esencia, de alertar al sistema financiero antes sobre los atrasos, mejorando el scoring y reduciendo el riesgo de sobreendeudamiento cruzado.
2. La Petición Bancaria: Flexibilidad Contable y Homogeneización de Criterios
Por su parte, la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) ha presentado una serie de iniciativas, destacando la solicitud de "utilizar mecanismos regulatorios que permitan a las entidades financieras flexibilizar la clasificación de deudores y el registro contable de los saldos en mora". ABAPPRA argumenta que esto no busca ignorar los riesgos, sino "favorecer un abordaje preventivo" que distinga situaciones transitorias y ofrezca soluciones antes de que los problemas de pago se agraven. La entidad recuerda que medidas similares han demostrado ser "virtuosas" en crisis pasadas. Adicionalmente, ABAPPRA propone avanzar hacia "criterios homogéneos" para todos los proveedores de crédito en materia de evaluación de capacidad de pago e información, buscando un campo de juego equitativo.
La Firme Réplica del BCRA y las Tensiones Subyacentes
La postura del vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, ha sido categórica, especialmente frente a la propuesta de flexibilización contable. Durante la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Werning criticó a las entidades que buscan "compensar el costo de la mora no con capital propio, sino cobrándole mucho más a las familias". Descartó de plano cualquier auxilio gubernamental o reducción de encajes, enfatizando la responsabilidad de los bancos de "absorber las pérdidas por las decisiones equivocadas que han tomado". Para el BCRA, relajar el reconocimiento de la mora solo pospone el problema sin resolverlo, y no contribuye a un círculo virtuoso de repago.
Kupferberg interpreta esta situación como una "coincidencia superficial" entre bancos y fintechs. Mientras la solicitud fintech por el rezago es vista como "genuina y de bajo riesgo sistémico" –una cuestión de mejora de infraestructura de datos–, la propuesta de ABAPPRA es considerada "más delicada" por el regulador. "Flexibilizar clasificación y registro contable es, en la práctica, pedir reconocer menos pérdida de la que existe hoy para poder seguir prestando sin la foto de deterioro completa", advierte el experto.
Hacia una Visión Integral y Proactiva del Crédito
Christian Balatti sostiene que ni la simple actualización ni la flexibilización de la clasificación resolverán la morosidad por sí solas. Propone un cambio de paradigma: ver al cliente no como una "foto" estática, sino como una "película" en constante evolución. Esto implica integrar la información de la Central de Deudores con el comportamiento transaccional y modelos predictivos avanzados. El objetivo es anticipar el deterioro financiero y ofrecer soluciones de refinanciación antes de que el deudor caiga en default, pasando de un enfoque reactivo a uno preventivo.
En esta línea, Balatti cita ejemplos internacionales: Brasil con su Sistema de Informaciones de Crédito (SCR) y el Cadastro Positivo, que consolidan un historial de pagos detallado. También menciona al Reino Unido, que en 2026 revisará su esquema de Commercial Credit Data Sharing para ampliar el acceso a datos. Argentina, concluye Balatti, debe avanzar hacia "más información, más actualizada y mejor utilizada", complementando con instrumentos como el balance transfer para consolidar y refinanciar deudas entre entidades. La discusión esencial no es solo cuándo se registra al moroso, sino cómo se detecta precozmente al cliente en riesgo y se le ofrece una salida viable. Solo con una estrategia integral se podrá construir un mercado de crédito robusto y saludable, capaz de impulsar la economía y ofrecer una oportunidad a millones de argentinos.